NOTAS AL TEMA
EL PRESUPUESTO PARA EL 2018 (II). GASTOS INTOCABLES.
Guillermo
E. Zúñiga Chaves
Los gastos contemplados en el proyecto de presupuesto
para el año entrante suman ¢9.3 millones de millones, o más sencillo
decir ¢9.3 billones. Sin duda, es mucha plata.
Expliqué la semana pasada
que el Gobierno había presentado este presupuesto
bajo el “estado de necesidad”, situación
que no se veía en la historia económica reciente. Con esto justifica la imposibilidad material
para atender todas la obligaciones legales y constitucionales.
EN GUERRA
AVISADA… De manera que en este marco “…el Poder Ejecutivo ha decidido atender en forma parcial las obligaciones
correspondientes a la asignación para la
Educación Pública, al Patronato
Nacional de la Infancia, y al
incremento en la cuota estatal para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte decretada
por la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros…” (Exposición
de Motivos, pág. 8).
Aquí se citan las primeras bajas. Aclara el documento que “…el Gobierno de la República se compromete a
cumplir con sus deberes, presupuestando y girando los recursos oportunamente, de acuerdo con las condiciones y
posibilidades fiscales imperantes.” (pág. 8). Se advierte entonces, que
si la cobija alcanza, pues se gira. Caso
contrario… De ahí que ya apareció la primera manifestación del sector
universitario.
COMPROMISOS CONSTITUCIONALES. A
pesar de la “atención parcial” a los
“compromisos constitucionales”, se les asigna ¢3.1 billones, esto es el 34% del
total del gasto presupuestado. Aquí se incluyen el Ministerio de Educación
Pública, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones, entre
otros. (pág. 9). ¡Qué tal si se
hubiera incluido todo el mandato constitucional! La cifra sería aún más
inmanejable.
EL SERVICO DE LA DEUDA. El otro
gran componente intocable del gasto es el servicio de la deuda pública, que lo
estiman en ¢2.9 billones, un 32% del total presupuestado. La tercera parte del presupuesto se va en atender la deuda. Esto se deriva del endeudamiento que se ha venido
usando a lo largo de los últimos años. Y se debe mencionar que la Tesorería
Nacional ha hecho un manejo muy inteligente del endeudamiento, aprovechando las
oportunidades que se le han presentado en el mercado, para tener una gestión activa, haciendo canjes de
deuda, alargando los vencimientos y otras cosas.
Como hemos experimentado déficits recurrentes,
se ha acudido al endeudamiento y esa factura se tiene que pagar. Lo
que le sucede a cualquier persona que se endeuda: en algún momento los compromisos
deben pagarse. Desde luego el Gobierno siempre va a tener deuda; siempre va a
emitir bonos. Pero resulta muy doloroso tener que destinar la tercera parte de los
gastos del presupuesto para cubrir ese propósito, en lugar de destinarlo a programas
de desarrollo.
De
hecho es necesario resaltar que el monto
de los intereses que se pagarán el año entrante rondan los ¢1.4 billones de
colones. (pág.10) Esto representa un
15 % del total del gasto, que se lo llevan los inversionistas dueños de la deuda
pública. ¡Todo lo que se podría hacer con esa plata! Los servicios que se podrían
dar a la población, si en lugar de pagar tanto en intereses, se destinaran a
otros programas.
De
manera que este tema del déficit y el endeudamiento público no es un asunto exclusivo
del Gobierno; sino que, dependiendo cómo
se manejen estas cosas, los efectos en la población son enormes. Y serán
mayores si hay más complicaciones, como lamentablemente parece ser la
tendencia.
CONCLUYO. La revisión de
estos dos grandes rubros, que entre ellos representan casi dos terceras partes
del presupuesto, nos dejan ver con
claridad que cuando se argumenta que con
solo cortar los gastos se arregla el problema fiscal, resulta una solución
simplista. Es una posición políticamente muy cómoda, pero insuficiente. No quiere esto decir que no se deba revisar
cada gasto, pero hacer recortes va a requerir, inclusive, modificaciones a los
mandatos constitucionales. Y cambiar la Constitución no es sencillo.
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