EL PRESUPUESTO DEL 2018 (IV). EVITEMOS LOS SIMPLISMOS. 30/9/2017

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EL PRESUPUESTO DEL 2018 (IV). EVITEMOS LOS SIMPLISMOS.

Guillermo E. Zúñiga Chaves

El presupuesto se refiere a los gastos del Gobierno Central. Pero el aparato público incluye otras instituciones que tienen lógicas financieras distintas. Me refiero a las Instituciones Públicas Financieras (ejemplo: bancos o el INS)  y a las Instituciones Públicas No financieras (ejemplo: ICE o Recope).

Estas otras instituciones públicas atienden negocios y brindan servicios, por los que cobran precios, tarifas o tasas. En lugar de estar en manos privadas, que también cobrarían por esos servicios, en Costa Rica una buena parte son propiedad del Estado.  Buscan la rentabilidad como lo haría cualquier otra empresa. Digamos que desde el punto de financiero, “deben verse solas”.  Si lo hacen con eficiencia, es otro tema, muy importante desde luego.

Entonces lo que está apretado es el Gobierno Central. El presupuesto del Gobierno Central incluye los gastos de los ministerios, del TSE, del Poder Judicial (que incluye al OIJ), de la Asamblea Legislativa , de la Presidencia de la República, de la Contraloría y de la Defensoría,  Regímenes de Pensiones con cargo al presupuesto y Partidas Específicas.  A todo lo anterior hay que sumarle los gastos por el servicio de la deuda que, como ya expuse, se está llevando casi la tercera parte del presupuesto.

Y para no crear confusión, anoto que esas Partidas Específicas se llevan  ¢ 2.000 millones, monto insignificante comparado con los ¢ 9.3 billones  del total del presupuesto. No pasa lo mismo con las transferencias  destinadas a las pensiones, que suman ¢ 954.000 millones, prácticamente un 10% del total del presupuesto. O con el Ministerio de Educación que se lleva ¢ 2.5 billones, un 27% del total.

TRANSFERENCIAS. A través de los ministerios, se canalizan cerca de ¢ 3.3 billones (35% del total) en  transferencias a instituciones como el PANI,  la CCSS, al IAFA, al ICODER, a FODESAF, para el Programa Avancemos, para becas, para el CONAVI, para los municipios, para las Juntas de Educación, para los comedores escolares, para las universidades, las ya citadas pensiones. En fin, una larga lista.

¿ALCANZA? La prensa informa que los diputados que están viendo este presupuesto en la Comisión de Hacendarios, han expresado preocupaciones porque los recursos para Seguridad no alcanzan, o más serio, que el dinero presupuestado no va a alcanzar para todo el año entrante. ¡Vaya contradicción! Al tiempo que se pide que se corte el gasto, ahora se acusa que lo presupuestado no va a alcanzar. Debe estar claro que si quieren atender “ese temor”, van a tener que autorizar gastos mayores,  lo cual obligaría a aumentar, aún más,  el endeudamiento que ya es insostenible.  Y conste que uno de los recortes que se hicieron fue bajar los gastos de capital (las inversiones) en  -17%, como ¢ 122.000 millones menos que en 2017.

PRESUPUESTO BASE CERO. Por eso cuando se dice que lo que debemos hacer es recortar el gasto, sin señalar cómo, cuáles y en qué monto, esa es un posición simplista y hasta cierto punto evasiva. He sostenido que el gasto debe  revisarse; pero debe hacerse con criterios y señalamientos claros y justos. El país debe entrar de inmediato a realizar un ejercicio que se conoce como “Presupuesto Base Cero”.

Es cierto que es un proceso complejo, que toma tiempo y exige un gran apoyo político. Pero es la mejor forma de hacer una revisión detallada y ordenada de los gastos. El proceso consiste en arrancar el análisis del presupuesto desde cero, y partir de ahí revisar cada una de las partidas, cada una de las asignaciones  y  revisar si ese gasto se justifica o no. Se hace caso omiso de las obligaciones creadas por ley (esas también se revisan)  y en la medida de lo posible,  se evalúa la eficacia que han tenido esos gastos.

CONCLUYO. Entre más tarde empecemos con este proceso, más desordenado y doloroso va a ser el ajuste. Los candidatos a la Presidencia deben pronunciarse de inmediato, pues de no actuar, este es el panorama que se van a encontrar.  Si no les gusta esta idea, propongan algo mejor. Y olviden las encuestas por un rato.

EL PRESUPUESTO PARA EL 2018 (III). EL ENDEUDAMIENTO. 23/9/2017

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EL PRESUPUESTO PARA EL 2018 (III). EL ENDEUDAMIENTO.

Guillermo E. Zúñiga Chaves

En comentarios anteriores expuse que el Gobierno presentó este  presupuesto bajo la condición de “estado de necesidad”, situación que no se veía en la historia económica reciente.  Con esto justifica la imposibilidad material para atender todas la obligaciones legales y constitucionales.

 

Mostré también que en solo dos componentes, “los compromisos constitucionales” (a los que no se les asignó todo lo que la legislación indica) y el “servicio de la deuda”, se van casi dos terceras partes de los ¢9.3 billones de gastos contemplados.

Hoy voy a hablar sobre la forma en que se financia este presupuesto y los enormes efectos  sobre el nivel de endeudamiento y otras variables.

FINANCIAMIENTO.  Ya mencioné que el total de gastos presupuestados son ¢9.3 billones. Para hacerle frente a esos gastos, el Gobierno tendrá ingresos por  ¢5.2 billones. Este cálculo sale de la “certificación de la efectividad fiscal de los ingresos del Gobierno Central para el ejercicio económico del 2018”, documento elaborado por la Contraloría General de República (11/8/2017). Esto nos dice que los ingresos estimados van a financiar solamente el 56% del gasto presupuestado. El resto del gasto, ¢4.1 billones (44%), será financiado con deuda.

Y la Tesorería tendrá que ir a captar esos recursos durante todo el año entrante.  Pero además, para lo que resta de este año 2017 tendrá que ir a captar ¢1.1 billones en el mercado, más ¢340 mil millones que colocará en operaciones directas, a corto plazo, en las instituciones públicas. (Exposición de Motivos, pág. 78).  Y la Tesorería, en palabras del Presidente, estaba atravesando problemas de liquidez desde agosto de este año. El tema de la liquidez sigue latente.

TASAS DE INTERÉS. De la Exposición de Motivos cito : “El control de la inflación como objetivo del BCCR así como la estabilización del tipo de cambio, ha propiciado una política de aumento en las tasas de interés por parte del BCCR. A inicios del 2017, la tasa de política monetaria se ubicaba en 1,75%; 2,75 puntos porcentuales por debajo de la observada al mes de agosto 2017, la cual se ubica en 4,5%.

Aunado a lo anterior, se han dado incrementos en las tasas de captación de Central Directo del BCCR, ambos hechos, han conllevado a incrementos en las tasas de interés por emisiones de títulos valores del Gobierno Central”.(Pág. 81)

Pero si Hacienda tiene que conseguir entre ahora y el otro año ¢5.2 billones, también provoca  presiones  en el mercado.  Claro que las tasas de interés subirán por esa presencia de Hacienda.  De hecho, el cálculo que hace la Dirección de Crédito Público es que la tasa implícita del endeudamiento para el 2018 será 8,31%  frente a 7,53% que calcula para el 2017.  (Pág. 80)

AUMENTO DE LA DEUDA. Cuando el Banco Central aporta la certificación de la capacidad de endeudamiento del Gobierno nos indica que habrá un aumento de la relación deuda a PIB de 3% al final del año 2018. (Certificación del 30/8/2017).  Con este resultado, según mis cálculos, la Deuda Pública Total andaría cerca de 68% del PIB al final del 2018.  Y ahí mismo el BCCR afirma que esa trayectoria creciente del endeudamiento no es sostenible.   

Y entre otras cosas el BCCR alerta que  “el comportamiento del endeudamiento público incide negativamente en la eficacia de las acciones de política monetaria y cambiaria del Banco Central, necesaria para mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional y, en general la estabilidad macroeconómica del país”

CONCLUYO: Por una parte, se notan posiciones encontradas entre Hacienda y el Banco Central. Por otra, es claro que “La incertidumbre ante un panorama de aprobación de la reforma fiscal, el creciente déficit fiscal, incremento en la percepción de riesgo de los inversionistas, y posibles deterioros en las calificaciones de riesgo internacional podrían generar mayor competencia por la captación de recursos en el mercado provocando alzas en las tasas de interés así como reducción de oportunidades del financiamiento para el sector  privado”.  Y esto lo dice Hacienda. (Pág. 81). ¡Por aquí va la procesión!

                   

EL PRESUPUESTO PARA EL 2018 (II). GASTOS INTOCABLES.16/9/2017

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EL PRESUPUESTO PARA EL 2018 (II). GASTOS INTOCABLES.

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Los gastos contemplados en el proyecto de presupuesto para el año entrante suman ¢9.3 millones de millones, o más sencillo decir ¢9.3 billones. Sin duda, es mucha plata.

Expliqué  la semana pasada que el Gobierno había presentado este  presupuesto bajo el “estado de necesidad”, situación que no se veía en la historia económica reciente.  Con esto justifica la imposibilidad material para atender todas la obligaciones legales y constitucionales.

EN GUERRA AVISADA… De manera que en este marco “…el Poder Ejecutivo ha decidido atender en forma parcial las obligaciones correspondientes a la asignación para la Educación Pública, al Patronato Nacional de la Infancia, y al incremento en la cuota estatal para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte decretada por la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros…” (Exposición de Motivos, pág. 8).

Aquí se citan las primeras bajas. Aclara el documento que “…el Gobierno de la República se compromete a cumplir con sus deberes, presupuestando y girando los recursos oportunamente, de acuerdo con las condiciones y posibilidades fiscales imperantes.” (pág. 8). Se advierte entonces, que si la cobija alcanza, pues se gira.  Caso contrario… De ahí que ya apareció la primera manifestación del sector universitario.

COMPROMISOS CONSTITUCIONALES. A pesar de la “atención parcial” a los “compromisos constitucionales”, se les asigna ¢3.1 billones, esto es el 34% del total del gasto presupuestado.  Aquí se incluyen el Ministerio de Educación Pública, la Corte Suprema de Justicia y  el Tribunal Supremo de Elecciones, entre otros.  (pág. 9). ¡Qué tal si se hubiera incluido todo el mandato constitucional! La cifra sería aún más inmanejable.

EL SERVICO DE LA DEUDA. El otro gran componente intocable del gasto es el servicio de la deuda pública, que lo estiman en ¢2.9 billones, un 32% del total presupuestado. La tercera parte del presupuesto se va en atender la deuda. Esto se deriva del endeudamiento que se ha venido usando a lo largo de los últimos años. Y se debe mencionar que la Tesorería Nacional ha hecho un manejo muy inteligente  del endeudamiento, aprovechando las oportunidades que se le han presentado en el mercado, para  tener una gestión activa, haciendo canjes de deuda, alargando los vencimientos y otras cosas.

Como hemos experimentado déficits recurrentes, se ha acudido al endeudamiento y esa factura se tiene que pagar. Lo que le sucede a cualquier persona que se endeuda: en algún momento los compromisos deben pagarse. Desde luego el Gobierno siempre va a tener deuda; siempre va a emitir bonos. Pero resulta muy doloroso tener que destinar la tercera parte de los gastos del presupuesto para cubrir ese propósito, en lugar de destinarlo a programas de desarrollo.

De hecho es necesario resaltar que el monto de los intereses que se pagarán el año entrante rondan los ¢1.4 billones de colones. (pág.10) Esto representa  un 15 % del total del gasto, que se lo  llevan los inversionistas dueños de la deuda pública. ¡Todo lo que se podría hacer con esa plata! Los servicios que se podrían dar a la población, si en lugar de pagar tanto en intereses, se destinaran a otros programas.

De manera que este tema del déficit y el endeudamiento público no es un asunto exclusivo del Gobierno; sino que, dependiendo cómo se manejen estas cosas, los efectos en la población son enormes. Y serán mayores si hay más complicaciones, como lamentablemente parece ser la tendencia.

CONCLUYO. La revisión de estos dos grandes rubros, que entre ellos representan casi dos terceras partes del presupuesto, nos dejan ver con claridad que cuando se argumenta  que con solo cortar los gastos se arregla el problema fiscal, resulta una solución simplista. Es una posición políticamente muy cómoda, pero  insuficiente.  No quiere esto decir que no se deba revisar cada gasto, pero hacer recortes va a requerir, inclusive, modificaciones a los mandatos constitucionales. Y cambiar la Constitución no es sencillo.

EL PRESUPUESTO PARA EL 2018 (I). 9/9/2017

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EL PRESUPUESTO PARA EL 2018 (I)

Guillermo E. Zúñiga Chaves

El viernes 1 de setiembre el Ministerio de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Presupuesto para el año 2018.  Este proyecto se empezó a diseñar en el primer semestre de este año, y deberá ser votado por el Plenario Legislativo a más tardar en noviembre próximo.  La Comisión de Asuntos Hacendarios tiene dos meses para rendir el (o los) dictamen (es). Se empezará a ejecutar el 1 de enero del 2018, y se utilizará durante todo el año entrante.

La información y el detalle que facilita el Ministerio de Hacienda, que está a disposición en su página WEB, es abundante. Facilita además instrumentos para que se pueda manejar la información que aportan. 

Desde luego, la lectura de la Exposición de Motivos del proyecto de ley orienta mucho el enfoque que se le está dando a esta iniciativa.  Esa Exposición de Motivos es bastante clara y muestra la situación hacendaria. Ahí está la información a disposición de quien quiera estudiarla e interpretarla.

“ESTADO DE NECESIDAD”. La Exposición de Motivos coloca la realidad fiscal del país en  “…un estado de necesidad, entendiendo el mismo como aquella situación compleja en la cual deben de ponderarse dos situaciones extremas e incompatibles entre sí, lesivas ambas, para optar por aquella que implique un daño menor frente a la posibilidad de realizar la otra medida”. (Exposición de Motivos, Pág. 5)

En la historia económica reciente  del país no recuerdo haber visto un proyecto de presupuesto que establezca tal condición. Estamos frente a dos circunstancias, nos dice el Ejecutivo,  que no pueden atenderse al mismo tiempo.

El dilema señalado lo interpreto de esta manera: si se cumple con la asignación de los recursos para los destinos específicos definidos por ley,  no alcanzan los recursos  para atender el derecho ciudadano al buen servicio público o para la atención de otras necesidades esenciales como la prestación de servicios de educación, seguridad y salud. De ahí que el Gobierno debe tomar lo que llaman “medidas excepcionales”, para proteger los derechos de las personas. Toman como referencia “…la nota separada de los Magistrados Castillo y Rueda consignada en la sentencia 2016-12803…” (Pág. 6).

Los diputados, tanto en la Comisión de Hacendarios, como en la discusión del Plenario, deben estudiar con todo detalle el alcance de esta condición jurídica que expone el proyecto de presupuesto. Su interpretación debe ser clara, pues se estaría creando un precedente en materia de jurisprudencia presupuestaria, de impactos futuros insospechados. Servicios Técnicos de la Asamblea debe elaborar sobre el alcance de este “principio de estado de necesidad”. Conviene también una opinión de la Contraloría General de la República, como órgano auxiliar de la Asamblea.   Y los diputados deben dar una interpretación clara al tema. Hay que evitar a toda costa que se produzcan dudas de tipo constitucional sobre esta ley de presupuesto y las que puedan venir en el futuro. Nunca se sabe.

Hacer el presupuesto sobre la base de una situación de “estado de necesidad” da una señal de extrema congoja fiscal que sin duda será evaluada por las calificadores de riesgo. Los inversionistas en general no van a recibir esta notica con agrado.  Máxime si el proyecto de presupuesto lleva un déficit implícito del -7% respecto al PIB y proyecta que la relación de la  deuda del Gobierno Central respecto al PIB subiría 3 puntos porcentuales respecto a lo que se estima para el 2017. La deuda sigue creciendo.

CONCLUYO. Dependiendo de la interpretación de este “estado de necesidad” puede, eventualmente, permitirse a las autoridades del Ejecutivo obviar en el futuro la asignación de las partidas constitucionales y legales. Como quien dice “brincarse la tranquera”.