sábado, 16 de septiembre de 2017

EL PRESUPUESTO PARA EL 2018 (II). GASTOS INTOCABLES.16/9/2017

NOTAS AL TEMA

EL PRESUPUESTO PARA EL 2018 (II). GASTOS INTOCABLES.

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Los gastos contemplados en el proyecto de presupuesto para el año entrante suman ¢9.3 millones de millones, o más sencillo decir ¢9.3 billones. Sin duda, es mucha plata.
Expliqué  la semana pasada que el Gobierno había presentado este  presupuesto bajo el “estado de necesidad”, situación que no se veía en la historia económica reciente.  Con esto justifica la imposibilidad material para atender todas la obligaciones legales y constitucionales.

EN GUERRA AVISADA… De manera que en este marco “…el Poder Ejecutivo ha decidido atender en forma parcial las obligaciones correspondientes a la asignación para la Educación Pública, al Patronato Nacional de la Infancia, y al incremento en la cuota estatal para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte decretada por la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros…” (Exposición de Motivos, pág. 8).
Aquí se citan las primeras bajas. Aclara el documento que “…el Gobierno de la República se compromete a cumplir con sus deberes, presupuestando y girando los recursos oportunamente, de acuerdo con las condiciones y posibilidades fiscales imperantes.” (pág. 8). Se advierte entonces, que si la cobija alcanza, pues se gira.  Caso contrario… De ahí que ya apareció la primera manifestación del sector universitario.
COMPROMISOS CONSTITUCIONALES. A pesar de la “atención parcial” a los “compromisos constitucionales”, se les asigna ¢3.1 billones, esto es el 34% del total del gasto presupuestado.  Aquí se incluyen el Ministerio de Educación Pública, la Corte Suprema de Justicia y  el Tribunal Supremo de Elecciones, entre otros.  (pág. 9). ¡Qué tal si se hubiera incluido todo el mandato constitucional! La cifra sería aún más inmanejable.
EL SERVICO DE LA DEUDA. El otro gran componente intocable del gasto es el servicio de la deuda pública, que lo estiman en ¢2.9 billones, un 32% del total presupuestado. La tercera parte del presupuesto se va en atender la deuda. Esto se deriva del endeudamiento que se ha venido usando a lo largo de los últimos años. Y se debe mencionar que la Tesorería Nacional ha hecho un manejo muy inteligente  del endeudamiento, aprovechando las oportunidades que se le han presentado en el mercado, para  tener una gestión activa, haciendo canjes de deuda, alargando los vencimientos y otras cosas.
Como hemos experimentado déficits recurrentes, se ha acudido al endeudamiento y esa factura se tiene que pagar. Lo que le sucede a cualquier persona que se endeuda: en algún momento los compromisos deben pagarse. Desde luego el Gobierno siempre va a tener deuda; siempre va a emitir bonos. Pero resulta muy doloroso tener que destinar la tercera parte de los gastos del presupuesto para cubrir ese propósito, en lugar de destinarlo a programas de desarrollo.
De hecho es necesario resaltar que el monto de los intereses que se pagarán el año entrante rondan los ¢1.4 billones de colones. (pág.10) Esto representa  un 15 % del total del gasto, que se lo  llevan los inversionistas dueños de la deuda pública. ¡Todo lo que se podría hacer con esa plata! Los servicios que se podrían dar a la población, si en lugar de pagar tanto en intereses, se destinaran a otros programas.

De manera que este tema del déficit y el endeudamiento público no es un asunto exclusivo del Gobierno; sino que, dependiendo cómo se manejen estas cosas, los efectos en la población son enormes. Y serán mayores si hay más complicaciones, como lamentablemente parece ser la tendencia.


CONCLUYO. La revisión de estos dos grandes rubros, que entre ellos representan casi dos terceras partes del presupuesto, nos dejan ver con claridad que cuando se argumenta  que con solo cortar los gastos se arregla el problema fiscal, resulta una solución simplista. Es una posición políticamente muy cómoda, pero  insuficiente.  No quiere esto decir que no se deba revisar cada gasto, pero hacer recortes va a requerir, inclusive, modificaciones a los mandatos constitucionales. Y cambiar la Constitución no es sencillo.

sábado, 9 de septiembre de 2017

EL PRESUPUESTO PARA EL 2018 (I). 9/9/2017



NOTAS AL TEMA

EL PRESUPUESTO PARA EL 2018 (I)

Guillermo E. Zúñiga Chaves

El viernes 1 de setiembre el Ministerio de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Presupuesto para el año 2018.  Este proyecto se empezó a diseñar en el primer semestre de este año, y deberá ser votado por el Plenario Legislativo a más tardar en noviembre próximo.  La Comisión de Asuntos Hacendarios tiene dos meses para rendir el (o los) dictamen (es). Se empezará a ejecutar el 1 de enero del 2018, y se utilizará durante todo el año entrante.

La información y el detalle que facilita el Ministerio de Hacienda, que está a disposición en su página WEB, es abundante. Facilita además instrumentos para que se pueda manejar la información que aportan. 

Desde luego, la lectura de la Exposición de Motivos del proyecto de ley orienta mucho el enfoque que se le está dando a esta iniciativa.  Esa Exposición de Motivos es bastante clara y muestra la situación hacendaria. Ahí está la información a disposición de quien quiera estudiarla e interpretarla.

“ESTADO DE NECESIDAD”. La Exposición de Motivos coloca la realidad fiscal del país en  “…un estado de necesidad, entendiendo el mismo como aquella situación compleja en la cual deben de ponderarse dos situaciones extremas e incompatibles entre sí, lesivas ambas, para optar por aquella que implique un daño menor frente a la posibilidad de realizar la otra medida”. (Exposición de Motivos, Pág. 5)
En la historia económica reciente  del país no recuerdo haber visto un proyecto de presupuesto que establezca tal condición. Estamos frente a dos circunstancias, nos dice el Ejecutivo,  que no pueden atenderse al mismo tiempo.
El dilema señalado lo interpreto de esta manera: si se cumple con la asignación de los recursos para los destinos específicos definidos por ley,  no alcanzan los recursos  para atender el derecho ciudadano al buen servicio público o para la atención de otras necesidades esenciales como la prestación de servicios de educación, seguridad y salud. De ahí que el Gobierno debe tomar lo que llaman “medidas excepcionales”, para proteger los derechos de las personas. Toman como referencia “…la nota separada de los Magistrados Castillo y Rueda consignada en la sentencia 2016-12803…” (Pág. 6).
Los diputados, tanto en la Comisión de Hacendarios, como en la discusión del Plenario, deben estudiar con todo detalle el alcance de esta condición jurídica que expone el proyecto de presupuesto. Su interpretación debe ser clara, pues se estaría creando un precedente en materia de jurisprudencia presupuestaria, de impactos futuros insospechados. Servicios Técnicos de la Asamblea debe elaborar sobre el alcance de este “principio de estado de necesidad”. Conviene también una opinión de la Contraloría General de la República, como órgano auxiliar de la Asamblea.   Y los diputados deben dar una interpretación clara al tema. Hay que evitar a toda costa que se produzcan dudas de tipo constitucional sobre esta ley de presupuesto y las que puedan venir en el futuro. Nunca se sabe.
Hacer el presupuesto sobre la base de una situación de “estado de necesidad” da una señal de extrema congoja fiscal que sin duda será evaluada por las calificadores de riesgo. Los inversionistas en general no van a recibir esta notica con agrado.  Máxime si el proyecto de presupuesto lleva un déficit implícito del -7% respecto al PIB y proyecta que la relación de la  deuda del Gobierno Central respecto al PIB subiría 3 puntos porcentuales respecto a lo que se estima para el 2017. La deuda sigue creciendo.
CONCLUYO. Dependiendo de la interpretación de este “estado de necesidad” puede, eventualmente, permitirse a las autoridades del Ejecutivo obviar en el futuro la asignación de las partidas constitucionales y legales. Como quien dice “brincarse la tranquera”.










sábado, 2 de septiembre de 2017

UNA PATRIA CRISPADA. 2/9/2017

NOTAS AL TEMA

UNA PATRIA CRISPADA.

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Crispar: Irritar o exasperar a alguien (Diccionario de la Lengua Española).

Es cierto que la confianza del consumidor cayó este mes; pero esto no es lo más importante. Otras cosas subyacen en la sociedad, más densas, de mayor calado y mayor cuidado.
El Índice de Confianza del Consumidor es un indicador del estado de ánimo de los consumidores. El miércoles pasado publicaron los resultados de la última encuesta, la número 55, correspondiente a agosto de 2017. “…se asume que el optimismo hacia la economía genera confianza entre los consumidores… y que, por el contrario, la incertidumbre produce pesimismo…”, dice el reporte. De esta forma, lo que se está midiendo son actitudes y expectativas de los consumidores. Estas se afectan por múltiples razones.
Esta encuesta se hizo entre el 3 y el 18 de agosto. Dice el documento que “…la confianza de los consumidores disminuyó significativamente en los últimos tres meses…” El índice cayó 2,2 y los investigadores consideran que si bien la disminución en términos absolutos es pequeña, resulta  “... significativa y revela que actualmente los consumidores dejaron de valorar positivamente lo que experimentaban hacia la economía nacional”.
POSIBLES CAUSAS. Cierto que los resultados del índice están afectados por motivaciones económicas. Posiblemente la que más impactó fue el anuncio del Presidente del 1 de agosto cuando nos dijo que la Tesorería Nacional no tenía suficiente liquidez. El posterior esfuerzo del gobierno por desdecirse, tampoco ayudó; creó incertidumbre.  Sin duda ese dato está afectado por los aumentos en las tasas de interés, o por el aumento del tipo de cambio que tuvimos o por el de precio de la gasolina, o la dificultad para encontrar empleo. Pero estos son factores, llamemos, económicos.
OTROS FACTORES. Hay otros asuntos de la vida nacional que no son estrictamente económicos, que están afectando el ánimo de los costarricenses, que no son capturados por ese indicador y que están afectando la confianza actual y futura.   Giran en torno a las declaraciones que se dan en las comisiones investigadoras de la Asamblea Legislativa y las secuelas que traen. Los señalamientos son muy amplios, pues van desde posible tráfico de influencias, impericia o negligencia administrativa, problemas de gobierno corporativo, hasta eventual uso de la investigación para  intereses políticos electorales, para citar algunos.  Cada declaración genera nuevas dudas. Se ha creado un clima de desconfianza generalizada, no solo sobre los actores políticos, sino sobre los mecanismos institucionales que nos rigen. Así de serio es el tema.
No ayuda en nada que el Presidente diga que lo que hay es una campaña de desprestigio en contra de él y su gobierno, y que él tiene ubicados al los responsables de esa campaña. (Diario Extra, 29 de agosto, pág. 3).  Es insuficiente.
No ayuda en nada que el Fiscal General afirme, palabra más, palabra menos,  que es imposible hacer una investigación cuando a uno le alborotan el panal,  pues se hacen las denuncias pero no le aportan la información en las que se basan. Esto lo escuché esta semana en el programa radial Nuestra Voz. Le entendí que le preocupaba que al final el alboroto es tan grande, que puede llevar a la impunidad.
La confusión ciudadana y el desanimo aumentan, y la sensación de impunidad crece. Mala seña.
CONCLUYO. Muchas veces he insistido en hacer un manejo concertado del inevitable ajuste  económico que se nos viene encima. Hoy adiciono que se debe recuperar la confianza ciudadana, sin lo cual, nada caminará. Dar salida, dentro del marco institucional y jurídico, a esa olla de presión que se está creando. Se deben investigar las cosas para sentar responsabilidades. Sin embargo, dependiendo de la forma en se manejen los procesos, los resultados pueden ser insospechados. No se debe manosear la información, para no corromperla. Hay un caldo de cultivo que puede terminar en cualquier cosa. La Patria está sacudida.



sábado, 26 de agosto de 2017

INVERSIÓN EXTRANJERA. BUENAS NOTICIAS. 26/8/2107

NOTAS AL TEMA

INVERSIÓN EXTRANJERA. BUENAS NOTICIAS.

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Esta semana, en el suplemento Página Abierta de Diario Extra, D. Carlos Malamud, nos llamaba la atención sobre la caída que había tenido la inversión extrajera directa (IED) en América Latina durante el año 2016. Anota que CEPAL estimó esa baja en -7,9% para toda la región. Supongo que utilizó el Estudio “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, CEPAL,  Documento Informativo”, la edición correspondiente al año 2017. Esa es una muy mala noticia.

LA BUENA NOTICIA. Basados en ese mismo estudio sabemos que en Panamá y en  Costa Rica la IED aumentó en el 2016. Para los demás  países centroamericanos la IED cayó.  Costa Rica mantuvo el monto histórico de los últimos 3 años, y lo aumentó levemente. En el 2015 Costa Rica recibió US$ 3.145 millones  y en el 2016 recibió US$ 3.180 millones. Sí, subió poco, pero subió, en medio de un entorno internacional donde los flujos de inversión están buscando otros mercados.

Si en América Latina como un todo y en los otros países centroamericanos la IED cayó, el crecimiento modesto que tuvo Costa Rica lo considero una buena noticia. Del estudio de CEPAL cito: “El segundo país con mayores inversiones en la subregión (se refiere a Centroamérica, GZ) fue Costa Rica con ingresos de 3.180 millones de dólares y un alza de 1.1%. La IED mostró una tendencia claramente creciente hasta 2013 y después se estabilizó en torno a los 3.000 millones de dólares(CEPAL, pág. 72). Lo que ha ocurrido es que en los últimos años el país ha estado recibiendo inversiones por sumas cercanas a los US$3,000 millones, monto nada despreciable.

OTROS DATOS DE INTERÉS. La  mayor parte de esa IED viene de los Estados Unidos (mas del 55% en 2015).  Del total recibido en el 2016, US$ 641 millones corresponden a aportes de capital, US$ 1.345 millones se registran como préstamos entre compañías y US$ 1.193 millones corresponden a reinversión de utilidades. Esto muestra que las empresas extranjeras que están en el país, mantienen su compromiso con los negocios que desarrollan aquí.

La suma total recibida viene a representar  un poco  más del 50% del balance comercial internacional  del país. En otras palabras, esos recursos externos ayudan a compensar el desbalance comercial que tenemos. La acumulación del acervo inversión extranjera representa un 65% del PIB. Para el año 2015 (CEPAL no reporta el dato para 2016)  tenemos que más del 50% de esa inversión va al sector servicios, y poco menos de la tercera parte se orienta al sector manufacturero.

IMPACTO EN EL EMPLEO. La cifra la extraigo del sitio WEB GOBIERNOCR. Por una ciudadanía mejor informada. Cito:  Inversión extranjera generó 12.307 nuevos empleos en 2016”. Se refiere a la creación de empleos formales que además el sitio califica como de “muy alta calidad”. Siendo el empleo uno de los grandes retos nacionales, esta es otra buena noticia.

GRAN ENSEÑANZA. Lo que aquí he reseñado muestra el resultado de una política nacional que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Incluye la sólida institucionalidad construida y el respeto a la legalidad que regula a esta actividad. Desde luego, forman parte de ella los distintos tratados de libre comercio que se han firmado. Esta es una gran enseñanza: se mantienen las estrategias independientemente del Gobierno de turno. El mejor ejemplo es el actual, que sin duda en el período electoral recibió el apoyo de muchos opositores al famoso TLC.

Pero la realidad económica del país señaló que esta era una buena ruta y así lo entendió este Gobierno desde el principio. Del mismo sitio web del Gobierno extraigo esta concluyente opinión: El Ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, resaltó que los datos nuevamente ponen en relieve la importancia que continúa teniendo la inversión extranjera directa como sólido motor de la economía. “El impulso a la atracción y crecimiento de las compañías ha sido una pieza esencial de nuestros esfuerzos como gobierno, y hoy estamos recogiendo los frutos…”

Para verdades, el tiempo.