sábado, 9 de diciembre de 2017

SALIÓ HUMO BLANCO. 9/12/2017

NOTAS AL TEMA

SALIÓ HUMO BLANCO.

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Sí, salió humo blanco y muy rápido.  El Proyecto conocido como Regla Fiscal, que impulsa el PUSC, ya fue dictaminado por una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa. Pero vean qué maravilla: este proyecto necesitó solo de un mes para dictaminarse. Y estamos hablando, nada más y nada menos, de una reforma parcial a la Constitución Política. ¡Qué eficiencia! En ese plazo, se recibieron en audiencia a 14 personas.

Lo primero que se demuestra es que en esa Asamblea,  que todo el mundo ataca por ser lerda, ineficiente, “vagabunda”, cuando se lo proponen, pueden hacer las cosas bien rápido.  Claro, lo que hay detrás es un acuerdo político. En este caso, el acuerdo es sobre la  visión fiscal restrictiva.  Porque eso es lo que hay ahí.

ESTABA EQUIVOCADO. Lo otro que se demuestra, es que yo estaba equivocado. Había dicho que con este proyecto “el PUSC, en representación de la ortodoxia económica, mete el gol". (Notas al Tema, Diario Extra, 4 de nov. 2017). Y agregaba, “Sin duda, esta iniciativa define la línea económica de este partido”. 

Pues resulta que el dictamen afirmativo de mayoría lo firman el partido proponente, los libertarios (que siempre han apoyado esta ideas), y  ¿sorpresa?,  lo apoyan también Liberación Nacional y el PAC. Como quien dice la ortodoxia económica, la “restricción fiscal”, encaramó en su tren a lo poco de heterodoxia económica  que, ingenuamente pensé, todavía podía existir. ¿Se enterró la socialdemocracia económica? Por lo menos nadie la reivindicó.   Entiéndase entonces,  que se están decantando las posiciones económicas que llevan los candidatos y sus partidos.

En ese mismo comentario del 4 de noviembre decía: “La campaña debe aprovecharse para discutir este tema y dejarnos claro si están o no de acuerdo. Al fin les tocará a los próximos diputados dar la última palabra”.  Lo que ya sabemos es que esos partidos comparten esta visión. Por eso no hay debate; por eso el elector no ve mayores diferencias. En un tema de tal importancia, rapidito se alinearon.

PONGO UN EJEMPLO.  El dictaminen de mayoría propone un nuevo texto, que en lo que nos interesa en este momento, se refiere a la restricción que impone a los presupuestos para que los gastos corrientes no puedan ser mayores a los ingresos corrientes. En el papel, esto suena razonable. Pero en la realidad las cosas no son tan fáciles.

Con datos del presupuesto para el año entrante tenemos que los ingresos corrientes están calculados en ¢5,2 billones de colones (esto son millones de millones); los gastos corrientes se estiman en ¢7,1 billones. Aquí ya estaríamos pasados de la pretendida regla en ¢1,9 billones. Esto es, si la regla fiscal estuviera vigente, habría que recortar gastos por ese monto.

Dentro de los gastos corrientes aparecen Sueldos y Salarios por ¢2.2 billones; Contribuciones Sociales por ¢0,4 billones; Compra de Bienes y Servicios por ¢0,3 billones; Pago de Intereses por ¢1,4 billones y transferencias corrientes por ¢2,8 billones. ¿Dónde meter la tijera?

¿VIABLE? Supongo que nadie estaría de acuerdo en dejar de pagar los intereses. Esto nos indica que el recorte de ¢1,9 billones debe salir de los otros ¢5,7 billones de gastos “que se pueden tocar”.  ¿Cuánta gente hay que tirar a la calle para bajar los salarios? ¿Cuántas oficinas cerramos para que no compremos bienes o servicios, para no pagar luz y agua? ¿Cuáles transferencias dejamos de pagar? ¿Las que van a universidades? ¿Las del Conavi? ¿Las de las municipalidades? ¿O las de Asignaciones Familiares?  En fin, ¿dónde se va a recortar ¢1,9 billones?  Vean que hay que cortar una tercera parte de ese gasto “que se puede tocar.  Porque ese es el ajuste que demanda esta reforma y esos serían las partidas a recortar. ¿Viable?

CONCLUYO. El frío no está en las cobijas. La regla no resuelve nada. Aplicarla implica, con datos al 2018, reducir al Gobierno Central en una tercera parte. Lo que se necesita es un pacto fiscal, un acuerdo nacional, que reparta la carga del ajuste entre todos. Pero eso nos ha tomado una eternidad. Ojalá los partidos fueran igualmente rápidos  para negociar este pacto. ¡Luego es tarde!


sábado, 2 de diciembre de 2017

CIFRAS REVELADORAS. 2/12/2017

NOTAS AL TEMA

CIFRAS REVELADORAS.

  Guillermo E. Zúñiga Chaves.

Insisto con este tema, pues no he logrado ver en las propuestas de los candidatos y de los partidos una visión que articule los temas del ambiente y de la biodiversidad con el desarrollo económico. Me hace pensar que se sigue considerando al ambiente como un asunto de los ambientalistas. Me temo que se siga restringiendo al mundo de la conservación.

Pero las cosas no son así. Poco a poco se va saliendo ese enfoque tan limitado. De hecho, en un estudio que realizó D. Ricardo Sancho sobre políticas nacionales,  para el Proyecto Biofin del PNUD, él recupera la idea de que en al país se notan tres momentos. En una primera etapa la institucionalidad y las políticas hicieron énfasis en los temas de conservación. En un segundo momento, el peso se dio en la creación de legislación para construir el marco normativo. El tercer momento, en el que estamos, los énfasis vienen dados por la integración de la naturaleza con el proceso de desarrollo nacional.

CONVENCION DE BIODIVERSISAD. Mejor aún, el mes pasado la Señora Cristiana Pasca-Palmer, Secretaria Ejecutiva de la Convención de Biodiversidad indicó que un tema de vital importancia es  “¿Cómo la biodiversidad ayuda al desarrollo económico?”  Viniendo del más alto cargo mundial en materia de Biodiversidad, esto es una señal de esperanza. La pregunta no es tan obvia como parece. No todo el mundo acepta que exista esa relación: biodiversidad y desarrollo.

Como economista, deseara que este fuera un tema de debate global, pero sobre todo de compromiso y discusión nacional. Pensar en esta línea nos lleva a entender que el ambiente no es un tema sectorial, sino que es un asunto transversal en el desarrollo.

Unas cifras nos pueden servir de ejemplo. Las tomo de una presentación de Nick Sekhran, quien es el Director de la Oficina Desarrollo Sostenible del PNUD global.

La escasez de agua a nivel mundial es enorme. Afecta a más del 40% de la población mundial. Y las proyecciones es que las carencias serán mayores hacia el futuro. El 20% de las aguas subterráneas están sobreexplotadas. Para el 2025 se estima que el 75% de la población mundial podría estar viviendo en países con problemas de agua. Agrego que con estas cifras la presión de las migraciones será inevitable y los efectos sobre la salud enormes.

Los bienes y servicios que dan los mares están en riesgo. El 80% de las existencias de pescado está siendo completamente explotadas o  super explotadas. La acidez en los océanos ha crecido cerca de 30 % en los últimos 50 años, y tiene un impacto negativo en los ecosistemas marinos. ¡Y aquí queremos darle paso la pesca de arrastre del camarón! Para terminar de hacerla, entre 10 y 20 millones de toneladas métricas de plástico entran a los océanos dañando especies y ecosistemas. Y el costo anual  de estos impactos suman los trillones de dólares.

El modelo de urbanización actual es insostenible. Se estima que en el 2014, cerca de 880 millones de personas viven en tugurios. Hay desigualdad, aumenta la inseguridad y la exclusión. El cambio climático tiene sus impactos en asentamientos humanos, la agricultura, la comida, en fin, en las personas.

Se requieren fuertes inversiones en energías limpias. En el 2016 se invirtieron US$241.6 billones (sin tomar en cuenta las hidroeléctricas grandes) en energías renovables, frente a un total de inversión en el sector energía cercana a US$1.7 trillones. La inversión en energías renovables sigue siendo  proporcionalmente baja.

Esto nos da una idea de las cifras que estamos hablando. Vemos grandes retos ambientales y de desarrollo, y enormes oportunidades de mejora. Los servicios de los ecosistemas contribuyen a tener un planeta más sano y eso tiene un costo y muchos réditos. Esta situación exige que el nuevo mundo de los negocios pasará por resolver estas tendencias.

CONCLUYO. En Costa Rica también tenemos estos y otros problemas. ¿Cómo vamos a organizar la producción nacional para hacerla ambientalmente responsable y al mismo tiempo socialmente incluyente? ¿Cuáles son la propuestas dentro del debate político nacional?  ¿Tendremos capacidad de pensar nuestro futuro como nación? Luego es tarde.

 


sábado, 25 de noviembre de 2017

LA REGLA FISCAL DEL PUSC. (III PARTE). 25/11/2017

NOTAS AL TEMA

LA REGLA FISCAL DEL PUSC. (III PARTE)

Guillermo E. Zúñiga Chaves

El proyecto de la regla fiscal propone cambios en el artículo 176 de la Constitución Política. Este artículo está dentro del capítulo relacionado con el presupuesto de la República.  Hay que recordar que este presupuesto refleja los gastos de la Administración Central. No incluye las actividades de las instituciones autónomas, ni de los municipios.

EN LA ACTUALIDAD. Refiriéndose al presupuesto del Gobierno Central el artículo 176 vigente dice que “…En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables.”  Aquí está señalado el principio del equilibrio presupuestario a nivel de la Constitución.
Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué se ha gastado más de lo que ingresa provocando déficits? Porque se ha interpretado que parte de los “ingresos probables” son los que provienen del endeudamiento.  Además, los tribunales han protegido los derechos de los ciudadanos por encima de cualquier otra consideración, incluyendo si hay o no fondos para hacer real esos derechos.
Y es que los derechos ciudadanos cuestan plata. Y por lo general, cuando se da un derecho, no se le identifica la fuente de financiamiento. El mejor ejemplo es darle a la educación el 8% del PIB. Se aprobó el derecho a nivel de la Constitución, pero no se buscaron los recursos para financiarlo. Ahí encontramos una gran falla. En la Asamblea, los diputados se comprometen a  dar derechos, pero se les olvida el pequeño detalle de identificar los recursos que los financien.
Más concreto, lo que olvidan es el ARTÍCULO 179 de la misma Constitución:La Asamblea Legislativa no podrá aumentar los gastos presupuestos por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos.”  Más claro no puede estar.
La propuesta del  PUSC mantiene lo dicho en el artículo 176.; pero adiciona que cuando los gastos autorizados sean mayores al monto de los impuestos probables en más de 3% del PIB, o que el endeudamiento de todo el Estado supere el 60% del PIB, entonces se requerirán 29 votos en la Asamblea para aprobar  ese presupuesto.
En esas condiciones, dice la propuesta, aparte de los 29 votos se requerirá  que los diputados (cito textual) establezcan reglas de contención de los gastos ordinarios y de sub ejecución presupuestaria que deben incluir:  
a) Cláusulas de aplicación obligatoria que limiten los gastos no esenciales.  El problema es definir cuáles son esos “gastos no esenciales”.
 b) Cláusulas que establezcan obligaciones porcentuales de sub ejecución presupuestaria. Los diputados lo pueden hacer ya;  no requiere reforma constitucional.  
 c) Cláusulas que limiten la aplicación de exoneraciones o subsidios no exigidos directa y expresamente por ley.  La verdad que no sé a que se refieren; las exoneraciones son dadas por ley y se pueden quitar por ley.  
 d) Cláusulas que establezcan reglas de contención del crecimiento del empleo público y de los beneficios reconocidos.  Esto se debe hacer por medio de leyes ordinarias, y no requiere reforma constitucional.
e) Cláusulas que determinen las acciones para enfrentar el impacto de los disparadores del gasto público, incluyendo las pensiones con cargo al presupuesto nacional, las decisiones judiciales de impacto presupuestario y el reconocimiento de derechos adquiridos de impacto presupuestario.  Tampoco se necesita reforma constitucional. Una ley ordinaria modifica otra ley ordinaria.
f) Cláusulas que resguarden prioritariamente las inversiones públicas. Tampoco requiere de una reforma constitucional para establecer estos criterios.
CONCLUYO. La Constitución actual tiene los conceptos suficientes para buscar el equilibrio presupuestario. Lo que se debe precisar es la interpretación de lo que significan los “ingresos probables” del artículo 176 y fijar un mecanismo para garantizar el cumplimiento del 179. Prefiero mil veces esto, que ir por el camino que propone el PUSC. A no ser que lo que quieran es gobernar, como en el pasado, por medio de “cláusulas”,  es decir, dictar normas presupuestarias para temas de fondo.  










sábado, 18 de noviembre de 2017

LA REGLA FISCAL DEL PUSC. (II PARTE) 18/11/2017

NOTAS AL TEMA

LA REGLA FISCAL DEL PUSC. (II PARTE)

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Expliqué hace dos semanas que el Plenario Legislativo le dio los votos al proyecto de ley No. 20.179 “Reforma de los artículos 176 y 184, y adición de un transitorio a la Constitución Política, para la estabilidad económica y presupuestaria” para que se estudie en una comisión especial. Esta iniciativa pretende establecer algunas reglas fiscales a nivel de la Constitución Política. Esta es una vieja aspiración del pensamiento ortodoxo económico, que hoy lleva el padrinazgo del PUSC. Decía también que esto es una señal del enfoque económico que va perfilando este partido.

El proyecto está en las etapas iniciales; el debate de fondo empezará en esta comisión especial, que es donde se definirán las posiciones. Seguirá luego el trámite que se le da a las reformas parciales a la Constitución.

Recordé que el PUSC ha dicho que no hablará de impuestos hasta que no haya reglas fiscales. Lo que no está claro es cuánto progreso quieren en el proyecto, para sentarse a hablar de impuestos.  Si con el envío a comisión les resulta suficiente o exigen mayor avance. Ahora bien, si lo que quieren es que la reforma constitucional esté aprobada, pues no habrá conversaciones sobre impuestos a corto plazo. Así de sencillo. Deben ser más precisos.

El proyecto propone reformar dos artículos constitucionales y da un transitorio para su aplicación. Vamos a ver cada propuesta  por aparte.

REFORMA AL 184. Empecemos con lo más sencillo. El artículo 184 de la Constitución define los deberes y obligaciones de la Contraloría General de la República. El proyecto propone adicionar un inciso 5 que diría : 5) Informar a la Asamblea Legislativa, antes de la aprobación de cualquier proyecto de ley, sobre el impacto presupuestario y regulatorio de este”.
La Contraloría, como órgano auxiliar que es de la Asamblea, hace  este tipo de tareas. Esta propuesta la obligaría a dar una opinión sobre el impacto presupuestario de cualquier proyecto de ley. ¿Será el propósito dar una “llamada de atención”? Los diputados tomarían este reporte como parte de los elementos que tendrían a disposición para estudio de los proyectos que deben votar.
Esa es una práctica que se acostumbra en la Asamblea. Cuando se está discutiendo un proyecto, los diputados hacen una lista de las instituciones y organizaciones a las cuales se les pide opinión.  Con gran frecuencia se consulta a la Contraloría, aunque no es obligatorio. Con esta reforma sería obligatoria para todos los proyectos. Pero al final, escuchados todos los alegatos y todo tipo de explicaciones, son los diputados los que resuelven, basados en su criterio, sin obligación  de tomar en cuenta las aclaraciones recibidas.
En materia presupuestaria sí existe actualmente  una obligación de la Contraloría de dar un informe. El artículo 40 de la ley 8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos dice lo siguiente: “…La Contraloría General de la República enviará, a la Asamblea Legislativa, a más tardar el 30 de setiembre del año que corresponda, un informe técnico sobre el proyecto de ley de presupuesto nacional…”. Entonces, sobre cada presupuesto ordinario que llega a Asamblea, la Contraloría tiene la obligación de mandar una opinión.
Cuando se presentan los presupuestos extraordinarios, que son tan importantes como el ordinario, la ley no obliga a esta consulta. Pero por lo general, la Comisión de Hacendarios  le pide la opinión a la Contraloría.
Estas consultas no siempre afectan el sentido de la votación de los presupuestos. De hecho, por los resultados fiscales observados, parece que la opinión contralora sobre los presupuestos se escucha  muy poco. Al fin de cuentas el voto lo ejercen los legisladores.

CONCLUYO. Esta modificación, por más que sea a nivel constitucional, no tendrá mayor efecto práctico. Y la opinión de la Contraloría no se puede hacer vinculante  porque los diputados no pueden renunciar a su obligación (y derecho) de decidir sobre cualquier  proyecto. O el PUSC explica bien esto, o que lo vaya quitando de una vez.